El último sondeo realizado a los ejecutivos de las casi 300 empresas o instituciones suscritas al SAE entre el miércoles 21 y el viernes 23 de abril mostró una creciente preocupación respecto de las perspectivas electorales y su impacto sobre la economía nacional. En primer lugar, casi 70% de los ejecutivos consultados consideran-independientemente de sus preferencias electorales– que Keiko Fujimori obtendrá la victoria en la segunda vuelta por la presidencia. Sin embargo, es interesante notar que este resultado no fue homogéneo en los tres días que se realizó el sondeo. En el último día, los resultados dieron un favoritismo similar a ambos candidatos, es decir, ese día 50% consideró que Keiko Fujimori ganará, mientras que el otro 50% le dio más opción a Pedro Castillo.
Curiosamente, en un sondeo empresarial similar realizado luego de la primera vuelta del 2011, ocho de cada diez ejecutivos consultados tuvieron la percepción de que Keiko Fujimori le ganaría a Ollanta Humala en la definición de segunda vuelta.
Al ser consultados acerca de algunas propuestas expresadas o implícitas en el plan de gobierno de Perú Libre, los ejecutivos evidenciaron un grado extremo de preocupación de que estas medidas efectivamente se intenten implementar, dada la conformación del congreso electo. La aplicación de estas posibles reformas en un eventual gobierno de Pedro Castillo implicaría cambios drásticos de carácter constitucional. 85% de los ejecutivos asignaron una probabilidad alta o muy alta a que el rol empresarial del Estado se incrementaría significativamente, mientras que 79% señala una probabilidad similar de que se vulneraría la autonomía del BCR para financiar mayor gasto público. Asimismo, 65% le otorga una probabilidad alta o muy alta a que se desmantelen los tratados de libre comercio y se anulen los contratos de estabilidad tributaria.
Seis de cada diez ejecutivos encuentran altamente factible que se estaticen o nacionalicen empresas de los sectores minero, energético o de infraestructura, tal como se señala en el plan de gobierno de Perú Libre. La alta probabilidad de ocurrencia asignada a estas potenciales y radicales reformas constitucionales reflejaría una fuerte caída en las expectativas empresariales. La confianza para invertir pasó de 3 puntos en febrero a -27 puntos en abril, mientras que la confianza para contratar personal se deterioró de 3 puntos a -9 puntos en el mismo período.
Como consecuencia de lo anterior, 75% de los ejecutivos de las empresas clientes del SAE señaló que en sus corporaciones se tomó la decisión –o estarían por hacerlo– de aplazar algunas decisiones de inversión de corto plazo.
En primer lugar, 4% de los ejecutivos declaró que sus empresas tomaron la decisión de suspender sus decisiones de inversión de manera indefinida, mientras que 34% lo hicieron hasta después de la segunda vuelta. En segundo lugar, 37% de los ejecutivos mencionaron que es probable que sus empresas opten por postergar sus decisiones de inversión hasta después de la segunda vuelta. Finalmente, solo 25% de los empresarios informaron que sus decisiones de inversión de corto plazo no se han visto afectadas –y que difícilmente lo serían– ante los recientes resultados electorales.
A pesar de un contexto externo positivo –rápida reactivación de socios comerciales claves, muy buenos precios de metales y costos de financiamiento muy competitivos–, la incertidumbre electoral ya genera un impacto significativo en las decisiones empresariales. Desafortunadamente, independientemente de los resultados finales, esto retrasará aún más el proceso de recuperación económica de empresas y familias peruanas, fuertemente afectadas por la pandemia.
La semana pasada, el Congreso removió del cargo al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, con 80 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones. De las 13 bancadas en el Congreso, 11 de ellas apoyaron la moción.
La recuperación económica del 3T se ha extendido al 4T. Durante el 3T, la inversión privada mostró señales claras de recuperación, con un crecimiento de 4% respecto al mismo trimestre de 2023, la tasa más alta en tres años.
Una característica distintiva del Gobierno de Boluarte ha sido su tendencia a ceder ante la presión de grupos de protesta con capacidad de movilización.
