Tras más de 10 semanas de cuarentena, el sector salud está enfrentando retos sin precedentes y cada día mayores. En las últimas semanas, se han sumado demandas crecientes por una mayor intervención en el mercado de medicamentos ante un aparente incremento sustancial de precios.
El Ejecutivo y el Congreso han anunciado que enfrentarán este problema, aunque con distintos enfoques. Por un lado, el Ejecutivo está implementando medidas extraordinarias con la finalidad de garantizar el acceso a medicamentos y dispositivos médicos para el tratamiento del COVID- 19. Esto incluye, entre otros, la autorización excepcional a laboratorios para vender medicamentos directamente a los usuarios. Por el otro, el Congreso ha presentado 23 proyectos de ley sobre el acaparamiento y especulación de “bienes esenciales”, algunos de los cuales promueven, peligrosamente, el control de precios. De estos, nueve incluyen explícitamente a los medicamentos o insumos médicos.
En general, la discusión se enfoca en la regulación del sector privado. En opinión de APOYO Consultoría, la mayoría de medidas promovidas no van a cumplir la función que querían de garantizar un mayor acceso a medicamentos y a un precio accesible. Por ejemplo, la venta directa desde los laboratorios puede no ser eficiente, pues no necesariamente cuentan con la logística apropiada para llegar hasta el paciente, y el control de precios ha demostrado ser una herramienta ineficaz, pues genera distorsiones en los mercados, escasez de productos e incluso mercados negros.
Además, en el Perú, el Estado es el principal prestador y asegurador de salud. Casi el 38% de la población se atendió en un establecimiento público o de EsSalud, y aproximadamente 32 millones de personas estaban aseguradas por el Seguro Integral de Salud (SIS) o EsSalud. Esto considera que una misma persona puede estar afiliada a más de un seguro.
Dos de los mayores problemas en la prestación de servicios públicos de salud son el bajo presupuesto per cápita y la gestión deficiente de dichos recursos. En primer lugar, si bien el presupuesto en salud se ha incrementado en los últimos años, el monto per cápita sigue siendo bajo, principalmente en el caso de los asegurados SIS. En el 2019, el SIS tuvo un presupuesto anual por afiliado de aproximadamente S/70 y EsSalud, de S/1 030; en contraste con un asegurado de una EPS, que contó con un presupuesto de cerca de S/2 000. Más aún, en noviembre del 2019, el Ejecutivo decretó que toda persona que no contara con un seguro de salud ingresaría al SIS. Esta medida se realizó sin un incremento equivalente de presupuesto.
En segundo lugar, la gestión de los recursos no es la óptima. Esto también se refleja en que los establecimientos de salud no cuentan con el inventario necesario de medicamentos requeridos. Así, según el reporte a marzo del 2020 de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa), únicamente el 14% de los establecimientos públicos del país tenían una disponibilidad de productos farmacéuticos óptima o alta. Esto refleja problemas severos en la gestión de medicamentos. Si bien estos problemas no son producto de la actual crisis, sí se han acentuado en un contexto de alta demanda por medicamentos.
Todos estos factores influyen en que el usuario no encuentre los medicamentos en el establecimiento en el que fue atendido y termine dirigiéndose a una farmacia o botica privada. Así, únicamente el 60% de los pacientes de consultas ambulatorias que fueron atendidos en un establecimiento de salud del Minsa o de los gobiernos regionales recibieron en la farmacia respectiva todos los medicamentos que le recetaron.
Como resultado, se incrementa el gasto de bolsillo en salud que, en promedio, destina el 40% a la compra de medicamentos. Esta distribución no es homogénea y deja en evidencia la situación crítica de los millones de asegurados del SIS, para quienes los medicamentos representan un porcentaje muy superior dentro de su gasto de bolsillo (47%) en comparación con los afiliados a un seguro privado o EPS (25%).
Estas limitaciones en los servicios de salud pública hacen que enfocar la discusión únicamente al ámbito privado sea insuficiente para solucionar el problema de fondo. En un contexto en que la crisis sanitaria ha hecho más evidente las brechas actuales, se vuelve más necesaria una reforma integral del sector. Hay componentes ampliamente discutidos que deben impulsarse, como el fomento de las redes integradas de salud, del intercambio prestacional o de las historias clínicas electrónicas; además del fortalecimiento del primer nivel de atención. La gestión integral de medicamentos debe ser también un componente clave en esta reforma.
Además, es una oportunidad para involucrar más al sector privado, que ha mostrado ser un aliado eficiente durante la crisis. Por ejemplo, se puede promover la inversión en salud a través de esquemas como PMO o G2G, que permiten una mayor agilidad en su implementación y que han tenido resultados satisfactorios en el pasado. Finalmente, se puede aprovechar la experiencia del privado para rediseñar la red logística de medicamentos del sector público.
During the 2Q2024, economic growth was driven by the rebound of primary sectors, such as traditional agriculture and fishing, and by higher public spending, supported by an estimated increase of 11% in public wages and 16% in public investment, adjusting for inflation.
During the month of August, attention was focused on the dynamics within Congress. In view of the election of the Board of Directors and the recomposition of the ordinary commissions, numerous movements were recorded in the benches.
Although the implicit alliance between the Executive and the Legislative remains in force, in recent months we have seen a progressive weakening of the Executive.
