El 2020 fue el año con el mayor riesgo regulatorio proveniente del Congreso de la República en al menos 15 años. Entre mayo y julio del año pasado, se alcanzó el nivel máximo de número de proyectos de ley regulatorios (PLR), llegando a un promedio de 96 al mes.
En el 2021, lo más probable es que el riesgo regulatorio se mantenga muy elevado debido a que los principales factores que lo impulsaron al alza continuarán presentes y se han sumado nuevos aspectos que lo exacerban:
a) Crisis sanitaria y económica: El fuerte deterioro en la situación de las familias producto de las crisis y la insuficiente respuesta por parte del Estado pusieron aún más en evidencia diversas demandas ciudadanas insatisfechas. Este contexto, que continuará durante el 2021, condujo a que los congresistas aumentaran su producción legislativa.
b) Alta demanda y oferta de medidas populistas: La mayoría de los proyectos de ley regulatorios presentados -si bien buscaban aliviar la situación de las familias- estuvieron marcados por la ausencia de análisis de impacto económico (de corto o largo plazo), no lograban solucionar el problema en cuestión y fueron utilizados para ganar capital político en un contexto de crisis. Más aún, la mayoría de las medidas populistas que aprobó el Congreso durante el 2020 contó con amplio respaldo popular.
c) Deterioro en el balance de poderes del Estado y del sistema de partidos: Los casos de corrupción y la intensa confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo de los últimos años han dejado a las instituciones del Estado y partidos políticos en una situación precaria. Esto también ha generado que disminuyan (o desparezcan) los liderazgos claros en las bancadas o partidos políticos que solían ayudar a tender puentes de diálogo entre el Ejecutivo y las diversas agrupaciones políticas.
Por ello, es probable que la relación entre los poderes del Estado siga siendo conflictiva, que se mantenga la dificultad para lograr alianzas políticas duraderas entre los actores políticos y, por lo tanto, sea más difícil lograr consensos frente a propuestas regulatorias perjudiciales.
d) Empoderamiento de la protesta social: Luego de la crisis política de noviembre, se incrementó la conflictividad social y es probable que ello continúe. Esto aumenta la presión al alza sobre el riesgo regulatorio, siendo la derogación de la Ley de Promoción Agraria el punto más álgido hasta ahora.
e) Crisis reputacional del sector privado: Seguirá afectando la capacidad de los gremios para tender puentes de diálogo con las autoridades y para mitigar los impactos negativos de las propuestas legislativas.
f) Contexto electoral (1S2021): Es probable que algunas bancadas busquen impulsar medidas populistas con el objetivo de ganar visibilidad para sus partidos de cara a las elecciones del 2021.
g) Primer año del próximo Congreso (2S2021): De acuerdo con un estudio realizado por APOYO Consultoría, durante el primer año del Congreso se suelen presentar la mayor cantidad de proyectos de ley. Asimismo, si bien el próximo Congreso también sería relativamente fragmentado, es probable que se mantenga el elevado consenso observado durante el 2020 respecto a medidas populistas.
En esta línea, por el momento, existen algunas iniciativas regulatorias que se definirán durante los próximos meses:
En setiembre, la agenda política ha estado marcada por la inseguridad. El jueves pasado, operadores de transporte público en Lima y Callao suspendieron sus actividades en protesta por el creciente problema de la extorsión.
En el tercer trimestre de 2024, la economía mostró una recuperación más pronunciada. Durante el trimestre, una serie de indicadores vinculados a la demanda local registraron un mejor desempeño que en el 1S.
En agosto, el Índice de Confianza del Consumidor de Lima Metropolitana, de IPSOS y APOYO Consultoría, se situó en 43 puntos. Aunque la confianza de los consumidores se mantiene por debajo del nivel optimista, ha registrado un modesto aumento desde la caída en mayo.
