El impacto de la crisis COVID-19 ha sido sumamente fuerte en el interior del país. Luego de Lima, un grupo de diez regiones compuesto por Lambayeque, Ica, Tumbes, Áncash, Piura, Loreto, La Libertad, Ucayali, Arequipa y Junín constituye el más afectado por la pandemia en términos de casos positivos de COVID-19 y fallecidos ajustados por su población respectiva. De hecho, la mayoría de estas regiones muestran algunos factores comunes, tales como alta densidad demográfica en sus núcleos urbanos y rápida conectividad con Lima, donde empezó el principal foco de contagio.
Hacia adelante, la probabilidad de nuevas olas de contagio es alta y afectaría a regiones que registraron una primera ola menos intensa. La precaria infraestructura sanitaria y el escaso personal de salud a nivel regional podría disparar rápidamente las tasas de letalidad.
En este sentido, los hogares del interior del país serán los más perjudicados, principalmente las zonas sur y oriente. En especial, el elevado deterioro de los ingresos familiares en estas regiones se explica por una fuerte dependencia del empleo en sectores que han sufrido severamente por el COVID-19 (p.e. comercio y turismo), el elevado nivel de empleo informal, el lento avance de la inversión pública y la paralización de importantes proyectos de minería, energía e infraestructura.
En el 2020, las ventas regionales -una aproximación basada en el PBI no primario- caerían 16,5% respecto al 2019, según estimaciones de APOYO Consultoría. Como consecuencia de esta profunda contracción económica, alrededor de 300 mil hogares en el interior del país dejarán de formar parte de la clase media este año.
La semana pasada, el Congreso removió del cargo al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, con 80 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones. De las 13 bancadas en el Congreso, 11 de ellas apoyaron la moción.
La recuperación económica del 3T se ha extendido al 4T. Durante el 3T, la inversión privada mostró señales claras de recuperación, con un crecimiento de 4% respecto al mismo trimestre de 2023, la tasa más alta en tres años.
Una característica distintiva del Gobierno de Boluarte ha sido su tendencia a ceder ante la presión de grupos de protesta con capacidad de movilización.
