El entorno político en febrero estuvo marcado por la revelación de presuntos casos de corrupción en el entorno presidencial y por la juramentación de dos gabinetes en menos de dos semanas. El último fin de semana, la lobista Karelim López, se acogió al mecanismo de colaboración eficaz y declaró que existe una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, involucrando directamente al presidente Castillo.
Esta situación ha reforzado una serie de acciones de control político desde el Congreso. Entre estas, las presiones para la salida de Juan Francisco Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones; además, la denuncia contra el presidente Castillo por traición a la patria e infracción constitucional. Es probable que esta dinámica de interpelaciones y censuras continúe durante las próximas semanas.
En este contexto, el gabinete Torres se presentará el próximo 8 de marzo ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza. A pesar de los cuestionamientos técnicos y al gabinete, se anticipa el otorgamiento de la confianza, con el fin de evitar la disolución constitucional del Congreso. Se espera que las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo se mantengan al alza.
Ante los presuntos casos de corrupción, el riesgo de una crisis de gobernabilidad permanece reducido en el corto plazo. Si bien la legitimidad de la vacancia presidencial, actualmente impulsada por la oposición, viene en aumento, a la fecha no existen los 87 votos necesarios para remover al presidente Castillo del cargo. En consecuencia, lo más probable es que continuemos en un escenario de mediocridad prolongada, en el que predomine el desgaste, los escándalos y las decisiones erráticas.
La economía mantuvo un ritmo sólido de crecimiento en el 1T2025, alrededor de 3,8%, ligeramente por encima de lo esperado. Continuaron rebotando los sectores primarios como las agroexportaciones y la pesca, que aún fueron afectados por el clima en el primer trimestre del 2024.
Este mes, la agenda política se ha centrado nuevamente en la inseguridad ciudadana. La muerte de un cantante de un grupo musical conocido, presuntamente a manos de la extorsión, generó nuevas críticas hacia el ministro del Interior, quien fue censurado por el Congreso, lo que a su vez desató nuevas manifestaciones.
A pesar de las crecientes críticas, la presidenta Dina Boluarte se muestra reacia a removerlo del cargo, ya que Santivañez juega un papel clave en sus esfuerzos por obstaculizar las investigaciones contra ella y su círculo cercano, incluyendo a su hermano Nicanor Boluarte.
