El entorno político en febrero estuvo marcado por la revelación de presuntos casos de corrupción en el entorno presidencial y por la juramentación de dos gabinetes en menos de dos semanas. El último fin de semana, la lobista Karelim López, se acogió al mecanismo de colaboración eficaz y declaró que existe una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, involucrando directamente al presidente Castillo.
Esta situación ha reforzado una serie de acciones de control político desde el Congreso. Entre estas, las presiones para la salida de Juan Francisco Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones; además, la denuncia contra el presidente Castillo por traición a la patria e infracción constitucional. Es probable que esta dinámica de interpelaciones y censuras continúe durante las próximas semanas.
En este contexto, el gabinete Torres se presentará el próximo 8 de marzo ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza. A pesar de los cuestionamientos técnicos y al gabinete, se anticipa el otorgamiento de la confianza, con el fin de evitar la disolución constitucional del Congreso. Se espera que las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo se mantengan al alza.
Ante los presuntos casos de corrupción, el riesgo de una crisis de gobernabilidad permanece reducido en el corto plazo. Si bien la legitimidad de la vacancia presidencial, actualmente impulsada por la oposición, viene en aumento, a la fecha no existen los 87 votos necesarios para remover al presidente Castillo del cargo. En consecuencia, lo más probable es que continuemos en un escenario de mediocridad prolongada, en el que predomine el desgaste, los escándalos y las decisiones erráticas.
La semana pasada, el Congreso removió del cargo al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, con 80 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones. De las 13 bancadas en el Congreso, 11 de ellas apoyaron la moción.
La recuperación económica del 3T se ha extendido al 4T. Durante el 3T, la inversión privada mostró señales claras de recuperación, con un crecimiento de 4% respecto al mismo trimestre de 2023, la tasa más alta en tres años.
Una característica distintiva del Gobierno de Boluarte ha sido su tendencia a ceder ante la presión de grupos de protesta con capacidad de movilización.
