Enero ha estado marcado por la convulsión social e intensificación de la violencia a nivel nacional, especialmente en el sur del país. La diversidad de actores ha dificultado que el Gobierno logre identificar interlocutores válidos para entablar el diálogo y negociar y, de momento, no se ha logrado apaciguar la exacerbada coyuntura.
Al respecto, el Gobierno de transición ha mostrado una estrategia insuficiente para contener las protestas. Además, el acotado capital político del Ejecutivo lo ha vuelto propenso a la presión ciudadana y del Congreso. En consecuencia, la continuidad del Gobierno dependerá de la capacidad para controlar la conflictividad y convocar a elecciones.
Por su lado, el Congreso no está dando respuestas adecuadas ante las demandas sociales y la convulsión. Si bien se ha adelantado el inicio de la próxima legislatura al 15 de febrero con el fin de anticipar la segunda votación del adelanto de elecciones, al momento, el Congreso no ha aprobado ninguna de las reformas necesarias en el marco del proceso electoral.
Hacia adelante, la incertidumbre se mantendrá elevada debido a la polarización, pobre oferta política y fragmentación. La dificultad del Legislativo para encontrar consensos respecto a las reformas mantendría latente el riesgo de crisis política en el futuro. En ese sentido, las próximas semanas serán claves para definir hitos y riesgos en el mediano plazo.
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Jefa de Análisis Político
La semana pasada, el Congreso removió del cargo al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, con 80 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones. De las 13 bancadas en el Congreso, 11 de ellas apoyaron la moción.
La recuperación económica del 3T se ha extendido al 4T. Durante el 3T, la inversión privada mostró señales claras de recuperación, con un crecimiento de 4% respecto al mismo trimestre de 2023, la tasa más alta en tres años.
Una característica distintiva del Gobierno de Boluarte ha sido su tendencia a ceder ante la presión de grupos de protesta con capacidad de movilización.
