Durante los primeros meses del año, el bajo impacto de la tercera ola de contagios por COVID-19 ha permitido el “rebote” de sectores todavía rezagados. De hecho, estimamos que una parte importante del crecimiento de los primeros meses del año será explicada por este “rebote” en las ventas de comercios y algunos servicios.
En el frente político, la capacidad del Ejecutivo para implementar su agenda económica y política más radical ha seguido debilitándose este mes. Esto como resultado de tres factores: i) la continua pérdida de capital político frente a la población, ii) el debilitamiento frente a los órganos de control, como la Fiscalía y el Congreso y iii) la evidente capacidad reducida para implementar políticas públicas.
Sin embargo, el sostenido deterioro de la gestión pública y el riesgo regulatorio elevado a nivel sectorial continúan limitando el crecimiento de la inversión, tanto privada como pública. A su vez, los bajos niveles de inversión perjudican la recuperación del empleo de calidad, lo que, sumado a los altos niveles de inflación, mantiene limitada la capacidad adquisitiva de las familias.
En suma, los eventos de los primeros meses del año han estado alineados con nuestras perspectivas para el frente sanitario y político, lo que nos lleva a mantener nuestra proyección de un crecimiento económico bajo de 3% para el 2022. No obstante, aún hay algunos riesgos que siguen generando incertidumbre sobre el panorama económico, como una posible vacancia presidencial o el escalamiento del conflicto Rusia-Ucrania.
La semana pasada, el Congreso removió del cargo al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, con 80 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones. De las 13 bancadas en el Congreso, 11 de ellas apoyaron la moción.
La recuperación económica del 3T se ha extendido al 4T. Durante el 3T, la inversión privada mostró señales claras de recuperación, con un crecimiento de 4% respecto al mismo trimestre de 2023, la tasa más alta en tres años.
Una característica distintiva del Gobierno de Boluarte ha sido su tendencia a ceder ante la presión de grupos de protesta con capacidad de movilización.
