La crisis sanitaria y el aislamiento social obligatorio han paralizado gran parte de la economía peruana y generado un cambio drástico y abrupto en la operatividad de las empresas. De hecho, la confianza empresarial sufrió su peor caída desde que se recoge este indicador y las empresas están tratando de mantener la operatividad en este nuevo entorno incierto y retador. Ello se refleja, por ejemplo, en que actualmente dos de cada tres trabajadores en las empresas miembros del SAE de APOYO Consultoría se encuentran bajo el esquema de teletrabajo.
A pesar de los grandes retos que están enfrentando las empresas en este nuevo entorno, la implementación del teletrabajo ha sido una experiencia positiva para la mayoría. Según lo revela el reciente sondeo SAE, el 52% de los encuestados califica la experiencia como excelente, mientras que un 38% la considera buena, aunque requiere mejoras en herramientas tecnológicas.
En los próximos meses, los esfuerzos de las organizaciones estarán concentrados en salvaguardar la salud financiera y cuidar la salud y seguridad de sus trabajadores.
Más aún, los ejecutivos que respondieron el sondeo estiman que, en promedio, el retorno a la normalidad en la operatividad de sus empresas – previa a la crisis del COVID-19– tomaría cerca de ocho meses. Por ello, además de las acciones que está tomando el Gobierno para frenar la crisis sanitaria, es clave formular medidas que permitan empezar a retomar la operatividad de la economía manteniendo controlado el riesgo de contagio del COVID-19.
La economía mantuvo un ritmo sólido de crecimiento en el 1T2025, alrededor de 3,8%, ligeramente por encima de lo esperado. Continuaron rebotando los sectores primarios como las agroexportaciones y la pesca, que aún fueron afectados por el clima en el primer trimestre del 2024.
Este mes, la agenda política se ha centrado nuevamente en la inseguridad ciudadana. La muerte de un cantante de un grupo musical conocido, presuntamente a manos de la extorsión, generó nuevas críticas hacia el ministro del Interior, quien fue censurado por el Congreso, lo que a su vez desató nuevas manifestaciones.
A pesar de las crecientes críticas, la presidenta Dina Boluarte se muestra reacia a removerlo del cargo, ya que Santivañez juega un papel clave en sus esfuerzos por obstaculizar las investigaciones contra ella y su círculo cercano, incluyendo a su hermano Nicanor Boluarte.
