Según últimas cifras de la ONPE, Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) disputarán la segunda vuelta electoral el domingo 6 de junio. Ambos candidatos muestran enormes diferencias en cuanto a sus propuestas económicas. De manera general, Fujimori plantea una continuación del marco constitucional vigente, que en términos económicos prioriza la inversión privada. En contraste, Castillo proyecta un cambio profundo en el marco legal y, por tanto, una nueva dirección económica para el país. En este último caso, existe el riesgo de que se materialice una mayor participación del Estado en diversos sectores clave, incluso sin cambios constitucionales notorios.
Estas diferencias se ven reflejadas en el enfoque de los planes de gobierno de cada partido. De hecho, entre las palabras más repetidas en dicho documento de Perú Libre destaca “estado,” repetida 198 veces, usada para describir la participación y concentración del sector público en el aspecto económico (110 veces) y social. En contraste, en el plan de Fuerza Popular predomina la palabra “educación” con 118 repeticiones, usada para proponer mejoras en la inclusividad, calidad y digitalización de la educación básica y superior, seguida por “pública” con 89.
Las propuestas sectoriales son más intensivas y divergentes en sectores primarios como la minería, energía y el sector agropecuario. Por un lado, Fuerza Popular propone mantener el marco regulatorio vigente en estos sectores económicos. Es decir, un potencial gobierno de Keiko Fujimori solo propondría modificaciones secundarias en el funcionamiento de estas industrias. En ese sentido, algunas de las propuestas están en línea con políticas de Estado actuales como el apoyo a la transición energética hacia fuentes de generación renovable y continuación del cumplimiento de la normativa medioambiental.
En cambio, el plan de gobierno de Perú Libre plantea cambios profundos en el marco regulatorio de los sectores económicos, con fuerte énfasis en sectores primarios. En materia del sector agropecuario, un posible gobierno de Castillo incrementaría el presupuesto destinado al sector agrícola tradicional y ganadero. Probablemente, implementaría políticas proteccionistas sobre el agro local que apunten a promover el consumo interno en el marco de garantizar cierta “seguridad alimentaria” de la población. Este tipo de políticas podría significar un elevado control sobre la producción local e implicancias sobre la cadena de industrialización de ciertos productos, como lácteos.
En el caso del sector minero y energético, Perú Libre plantea que el Estado debe proceder a la nacionalización de los yacimientos de la gran y mediana minería, de los lotes gasíferos, petroleros y de plantas energéticas. Además, se renegociarían los contratos mineros con el fin de que las empresas entreguen el 70% de las utilidades al Perú. Asimismo, se plantearía un cambio legal para otorgar la propiedad del subsuelo a las comunidades aledañas a las operaciones mineras.
Evidentemente, la mayor preocupación empresarial se centra en la candidatura de Pedro Castillo debido a la radicalidad de sus propuestas y a que, por ahora, ha descartado la adopción de una hoja de ruta para la segunda vuelta. Independientemente de que algunas de sus propuestas requieren de cambios constitucionales -que para llevarse a cabo tomarían tiempo-, persistirán expectativas desfavorables para el entorno de negocios a nivel de mercados por la incertidumbre respecto a modificaciones normativas. En este contexto, también es probable que Keiko Fujimori replantee ciertas propuestas sectoriales de cambio para atraer a aquellos votantes que esperan un rol del Estado más activo.
Durante la segunda vuelta, la alta polarización entre los dos candidatos continuará. Como mencionamos en el informe SAE del 12 de abril, las propuestas de los candidatos en los próximos debates girarán en torno al respeto de instituciones democráticas y del funcionamiento económico. En este sentido, es probable que durante la campaña surjan nuevas iniciativas de políticas sectoriales y propuestas que busquen satisfacer las principales demandas de cambio de los ciudadanos (ver gráfico inferior), como las mejoras en educación, salud y seguridad ciudadana. Cabe mencionar que, si bien en un escenario de presidencia de Castillo enfrentaremos más propuestas de cambios radicales, el Perú cuenta con mecanismos que actúan como candados constitucionales de respeto a los contratos, cláusulas de arbitraje internacional, entre otros, lo que limitaría de cierta manera el cambio repentino de la normativa en algunos sectores.
En setiembre, la agenda política ha estado marcada por la inseguridad. El jueves pasado, operadores de transporte público en Lima y Callao suspendieron sus actividades en protesta por el creciente problema de la extorsión.
En el tercer trimestre de 2024, la economía mostró una recuperación más pronunciada. Durante el trimestre, una serie de indicadores vinculados a la demanda local registraron un mejor desempeño que en el 1S.
En agosto, el Índice de Confianza del Consumidor de Lima Metropolitana, de IPSOS y APOYO Consultoría, se situó en 43 puntos. Aunque la confianza de los consumidores se mantiene por debajo del nivel optimista, ha registrado un modesto aumento desde la caída en mayo.
