Las decisiones iniciales del presidente Castillo lo alejan del escenario de moderación

Esta semana se dieron tres eventos que permiten vislumbrar la dinámica política de los meses iniciales del nuevo Gobierno:  la Mesa Directiva del Congreso, el mensaje a la nación del 28 de julio y la conformación del gabinete de ministros.

El resultado de dichos eventos permite confirmar que: el nuevo Gobierno tendrá una postura de izquierda populista (en línea con sus propuestas de campaña en la primera y segunda vuelta); no priorizará la búsqueda de consensos con otras fuerzas políticas; el ala dura de Perú Libre tendrá alto nivel de influencia sobre el Gobierno y; dada la composición de la Mesa Directiva y la correlación de fuerzas en el Legislativo, se ejercerá una fuerte oposición política al Ejecutivo desde el Congreso.

La oposición política desde el Congreso será respaldada por su Mesa Directiva. Por el momento, congresistas de la mayoría de las bancadas, con la excepción de Perú Libre y Juntos Por el Perú, se han manifestado públicamente en contra del nombramiento del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Como referencia del tamaño de la oposición al Gobierno podemos identificar los 79 votos que se emitieron para rechazar la postulación de lista oficialista a la Mesa Directiva, solo ocho menos de los necesarios para una vacancia presidencial.

A su vez, el Gobierno inicia con un capital político débil. De hecho, en comparación al de otros líderes similares en la región, este ha empezado con un nivel de aprobación ciudadana relativamente bajo y menor soporte en el Congreso. Este contexto eleva los incentivos para que el gobierno impulse medidas populistas que eleven su respaldo ciudadano.

En materia económica, el mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo buscó enviar señales de tranquilidad a los mercados -afirmó que no estatizará la economía, respetará la propiedad privada y que estará en contra de un control de cambios-, pero a la vez marcó un mayor grado de intervención estatal.

1. A nivel macroeconómico, buscará una expansión significativa del gasto público. Anunció el otorgamiento de bonos, mayores programas sociales y obras públicas de gobiernos subnacionales que impulsen el empleo local.
2. A nivel sectorial, transmitió una mayor intervención, regulación y participación del Estado en la economía. En particular, en aquellos sectores percibidos por el Gobierno como monopólicos, estratégicos o servicios públicos.
3. Otorgaría mayores facultades para gobiernos regionales y subnacionales, tanto en presupuesto como en funciones, lo cual podría tener implicancias en el entorno regulatorio o de aprobación de algunos proyectos de inversión.
4. Hizo énfasis en la necesidad de un “nuevo pacto” con los inversores privados y la implementación del criterio de “rentabilidad social” en nuevos proyectos del sector de minería, energía e hidrocarburos. También, señaló que se promoverá la participación del Estado como socio o ejecutor mayoritario.
5. Finalmente, ratificó su intención de promover una Asamblea Constituyente. El presidente Castillo anunció que insistirá en la reforma de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente. El primer paso sería la modificación del capítulo 206 de la Constitución, en el que se establece cuáles son las vías para su modificación. Para ello, deberá impulsar un proyecto de ley que tendría que ser aprobado por el Congreso por 87 votos en dos legislaturas o 66 votos más un referéndum. Por el momento, no contarían con los votos necesarios en el Legislativo.

El nuevo gabinete cuenta con poca experiencia en cargos altos en la gestión pública, tiene orientación de izquierda y refleja la baja disposición por parte del Gobierno al consenso con otras fuerzas políticas. El gabinete muestra la fuerte influencia de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre. Cabe recordar que el 90% de la población, considera que Cerrón no debe tener participación en el gobierno de Pedro Castillo, según Ipsos Perú. Además, el gabinete cuenta con poca experiencia en el sector público y pareciera tener poca capacidad para tender puentes con sectores políticos más moderados. Aún están pendientes la designación de los ministros de Justicia y de Economía y Finanzas.

Es importante notar que algunos de sus miembros enfrentan procesos judiciales, como el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien está siendo investigado por apología al terrorismo o Dina Boluarte, vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, a quien habrían relacionado con el caso de “Los Dinámicos del Centro”, lo cual podría exponerlos a mociones de censura o interpelaciones por parte del Congreso. Todo lo anterior podría, a su vez, generar una alta desaprobación ciudadana hacia el gabinete conformado.

Hacia adelante, es muy probable que se configure una relación confrontacional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, con un elevado riesgo para la estabilidad política del Gobierno entrante. En este contexto, es probable que el enfrentamiento entre ambos poderes del Estado produzca una crisis de gobernabilidad en el corto plazo. El siguiente hito clave será el voto de confianza al gabinete por parte del Congreso. Si bien es previsible que el Legislativo tenga una actitud muy crítica frente al nuevo gabinete, es probable que le otorgue el voto de investidura, pues de no hacerlo quedaría muy debilitado. Ello debido a que el Congreso podría llegar a sopesar que, si este le niega la confianza dos veces al Ejecutivo, se faculta al presidente a disolverlo.