Columna en Diario El Comercio.
Luego de años muy duros para el mercado laboral peruano –marcados por la pandemia y la promoción de pésimas políticas y normas que endurecen la regulación laboral –, en los últimos meses se han dado dos buenas noticias.
Primero, la recuperación de las actividades de servicios más afectadas por la pandemia, como restaurantes, transporte y turismo, ha venido generando una mejora notable en las contrataciones y los ingresos de miles de trabajadores. Esto ha beneficiado, sobre todo, a los segmentos de la población donde la crisis del empleo fue más severa, como los jóvenes, las mujeres y los trabajadores informales, que suelen tener una mayor participación en estas actividades. Por ejemplo, los ingresos promedio de los trabajadores informales aumentaron más que la inflación en el 2022, cosa que no ocurrió con los ingresos promedio del sector formal. La convulsión social ha afectado parte de esta dinámica, pero el golpe se ha concentrado principalmente en el sur del país. En diciembre la llegada de pasajeros cayó entre 5% y 10% en Arequipa y Cusco, mientras que esta aumentó 12% en Piura, por ejemplo.
Segundo, se ha reducido notablemente el riesgo regulatorio laboral, que durante el gobierno de Castillo provino principalmente del Poder Ejecutivo. Con el cambio de gobierno, la producción de malas ideas y de acciones en materia laboral ha disminuido significativamente. En el Congreso, es cierto, también hay malas propuestas y recientemente se ha incrementado la aprobación de dictámenes que podrían tener un impacto negativo sobre las contrataciones formales, como la eliminación del régimen laboral para trabajadores de exportaciones no tradicionales, mayores rigideces para despidos, entre otras. Sin embargo, la efectividad para hacer daño por parte del Congreso ha sido relativamente baja, al menos en material laboral. De hecho, en promedio, 40% de dictámenes en el Congreso terminan convirtiéndose en Ley, pero solo 20% de los dictámenes aprobados en la Comisión de Trabajo son aprobados en el Pleno.
Estos dos cambios son positivos e importantes, pues generan un entorno más favorable para la creación de empleo formal. El sector servicios es clave, pues este sector genera más del 50% del empleo formal del país. Y, por su parte, el menor riesgo regulatorio en lo laboral contribuye a mejorar la confianza para contratar de las empresas en general. De hecho, sondeos de Apoyo Consultoría a grandes empresas dejan claro que dicho riesgo fue la principal limitante para nuevas contrataciones desde mediados del 2021 hasta ahora.
Sin embargo, una cosa es estar mejor y una muy distinta es estar bien. Por el momento, la recuperación observada está incompleta y es muy probable que estos cambios sean insuficientes para garantizar una mejora sostenida, de ahora en adelante, en la creación de empleo, en su calidad y en los salarios. El impulso del “rebote” postpandemia de los servicios está por agotarse y, si bien el riesgo regulatorio se ha reducido, no ha desaparecido por completo.
Adicionalmente, el deterioro del entorno para hacer negocios sigue limitando las decisiones de contratación. La combinación de bajo crecimiento de ventas, elevados costos de producción y alta incertidumbre no genera el ambiente más adecuado para invertir ni para contratar, y más bien conduce a las empresas a priorizar el ajuste de costos. Esto se evidencia en el sondeo que realizamos este mes a gerentes de Recursos Humanos, donde la necesidad de reducir costos y las bajas perspectivas de crecimiento de las empresas han ganado relevancia como limitantes para contratar en los últimos meses.
«El deterioro del entorno para hacer negocios sigue limitando las decisiones de contratación»
Así, es probable que las brechas que se han abierto los últimos años en el mercado laboral se demoren en cerrar. Por ejemplo, para los jóvenes entre 14 y 24 años, la recuperación reciente del empleo ha sido insuficiente. El empleo ya recuperó niveles prepandemia, pero el número de jóvenes empleados se mantiene 6% por debajo. Según el INEI, apenas el 14% del empleo juvenil es formal, la mitad de lo que se observa en la población mayor de 25 años.
En ese sentido, será fundamental consolidar las buenas noticias con políticas que incentiven el crecimiento económico, revertir el daño a la imagen del país como atractivo turístico y, a la vez, evitar que las malas ideas se conviertan en leyes. Por ejemplo, nuevos incrementos del salario mínimo desincentivarán aún más las contrataciones formales de los jóvenes, cuyo ingreso promedio es casi igual al salario mínimo. Del mismo modo, cambios regulatorios que restrinjan aún más las contrataciones a plazo fijo afectarían en mayor medida el empleo en este segmento, debido al elevado porcentaje de jóvenes contratados bajo dicha modalidad. Por el contrario, el foco debe estar en incrementar la productividad, tanto de empresas como de trabajadores, para gatillar incrementos sostenibles de empleo de calidad y de los salarios.
