La regulación en términos de contrataciones y despidos en el Perú se encuentra dentro de las más rígidas del mundo. Como consecuencia, en el Perú, 7 de cada 10 trabajadores son informales, lo que afecta el bienestar de las familias.
En los últimos meses, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dirigido por la ministra Betssy Chávez, ha impulsado medidas que desincentivan aún más la formalidad. Por ejemplo, la reciente prohibición de la tercerización en la actividad nuclear del negocio restringiría la contratación de personal especializado y afectaría de manera transversal a diversas industrias.
Si bien el empleo total ya alcanzó sus niveles prepandemia, la situación de la mayoría de las familias se mantiene muy deteriorada. En este contexto, el deterioro de la regulación laboral tendría un impacto negativo importante sobre las empresas y perjudicaría aún más la recuperación del mercado laboral.
El mal diseño de la regulación laboral en el Perú es un grave problema estructural que ya venía limitando la formalización del empleo antes de la pandemia. El Poder Ejecutivo y el Congreso están promoviendo y poniendo en práctica medidas que deterioran aún más el entorno regulatorio laboral.
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