Tercero, no parece haber una salida a la crisis política en el corto plazo. Aunque el avance de las investigaciones fiscales y el reciente escándalo en torno a la salida del ministro del Interior debilitan aún más al Gobierno, no han sido suficientes para forzar una salida a la crisis. De hecho, antes que cumplir con su función de control político, el Congreso se ha enfocado en priorizar agendas populistas e iniciativas que buscan beneficiar intereses particulares. Por su parte, la respuesta del Gobierno para mitigar el golpe del rápido incremento del costo de vida sobre las familias ha sido inadecuada o inoportuna. Esto es atribuible, en parte, al deterioro de la gestión pública por la politización del servicio civil y la alta rotación de funcionarios. Mientras tanto, la desafección ciudadana hacia la clase política se sigue exacerbando y se traduce en la alta desaprobación presidencial y del Congreso.

En suma, luego de un año del inicio del gobierno del presidente Castillo, la mayoría de consumidores limeños percibe un deterioro en su situación económica y no espera mejoras en el corto plazo. Este pesimismo es resultado del marcado deterioro de la gestión pública del Gobierno, el cual no ha respondido con medidas adecuadas a los problemas coyunturales que vienen afectando a las familias, y de la continua crisis política de la cual no se avizora una salida en los próximos meses.