En las últimas cuatro semanas la conflictividad social, que ya venía al alza desde el cambio de mando, se ha agudizado a lo largo del país. Las causas de fondo son la inflación y el deterioro de las condiciones de vida, así como la existencia de expectativas insatisfechas en un sector de la población.
La respuesta del Ejecutivo ante el agravamiento de la conflictividad ha sido la promoción e implementación de medidas efectistas, como el aumento del Salario Mínimo Vital, el otorgamiento de bonos, subsidios y la reducción de impuestos. La mayoría de estas medidas, que no tienen un carácter focalizado, representan un alto costo fiscal y es probable que no se traduzca en mejoras tangibles.
Ante la pérdida de capital político, el desborde popular y el visible deterioro de los servicios públicos, el Ejecutivo ha recurrido a la coartada de la Asamblea Constituyente. La propuesta de reforma constitucional para cambiar la Constitución a través de una Constituyente, sin embargo, tiene muy pocas probabilidades de ser aprobada en el Congreso, donde la correlación de fuerzas no favorece al Ejecutivo.
En medio del creciente desencanto ciudadano, un sector importante de la población comienza a apoyar el adelanto de elecciones generales. Aunque las probabilidades de que esta propuesta se apruebe en el corto plazo son bajas, no puede descartarse que prospere en el mediano plazo.
Hacia adelante, no se observa un giro en la dirección del Gobierno. Más bien, se avizora la prolongación de la situación de desgobierno, deterioro institucional, conflictividad y tensión entre los poderes del Estado.
Jefa de Análisis Político
La economía mantuvo un ritmo sólido de crecimiento en el 1T2025, alrededor de 3,8%, ligeramente por encima de lo esperado. Continuaron rebotando los sectores primarios como las agroexportaciones y la pesca, que aún fueron afectados por el clima en el primer trimestre del 2024.
Este mes, la agenda política se ha centrado nuevamente en la inseguridad ciudadana. La muerte de un cantante de un grupo musical conocido, presuntamente a manos de la extorsión, generó nuevas críticas hacia el ministro del Interior, quien fue censurado por el Congreso, lo que a su vez desató nuevas manifestaciones.
A pesar de las crecientes críticas, la presidenta Dina Boluarte se muestra reacia a removerlo del cargo, ya que Santivañez juega un papel clave en sus esfuerzos por obstaculizar las investigaciones contra ella y su círculo cercano, incluyendo a su hermano Nicanor Boluarte.
