El impacto de la crisis COVID-19 ha sido sumamente fuerte en el interior del país. Luego de Lima, un grupo de diez regiones compuesto por Lambayeque, Ica, Tumbes, Áncash, Piura, Loreto, La Libertad, Ucayali, Arequipa y Junín constituye el más afectado por la pandemia en términos de casos positivos de COVID-19 y fallecidos ajustados por su población respectiva. De hecho, la mayoría de estas regiones muestran algunos factores comunes, tales como alta densidad demográfica en sus núcleos urbanos y rápida conectividad con Lima, donde empezó el principal foco de contagio.
Hacia adelante, la probabilidad de nuevas olas de contagio es alta y afectaría a regiones que registraron una primera ola menos intensa. La precaria infraestructura sanitaria y el escaso personal de salud a nivel regional podría disparar rápidamente las tasas de letalidad.
En este sentido, los hogares del interior del país serán los más perjudicados, principalmente las zonas sur y oriente. En especial, el elevado deterioro de los ingresos familiares en estas regiones se explica por una fuerte dependencia del empleo en sectores que han sufrido severamente por el COVID-19 (p.e. comercio y turismo), el elevado nivel de empleo informal, el lento avance de la inversión pública y la paralización de importantes proyectos de minería, energía e infraestructura.
En el 2020, las ventas regionales -una aproximación basada en el PBI no primario- caerían 16,5% respecto al 2019, según estimaciones de APOYO Consultoría. Como consecuencia de esta profunda contracción económica, alrededor de 300 mil hogares en el interior del país dejarán de formar parte de la clase media este año.
La economía mantuvo un ritmo sólido de crecimiento en el 1T2025, alrededor de 3,8%, ligeramente por encima de lo esperado. Continuaron rebotando los sectores primarios como las agroexportaciones y la pesca, que aún fueron afectados por el clima en el primer trimestre del 2024.
Este mes, la agenda política se ha centrado nuevamente en la inseguridad ciudadana. La muerte de un cantante de un grupo musical conocido, presuntamente a manos de la extorsión, generó nuevas críticas hacia el ministro del Interior, quien fue censurado por el Congreso, lo que a su vez desató nuevas manifestaciones.
A pesar de las crecientes críticas, la presidenta Dina Boluarte se muestra reacia a removerlo del cargo, ya que Santivañez juega un papel clave en sus esfuerzos por obstaculizar las investigaciones contra ella y su círculo cercano, incluyendo a su hermano Nicanor Boluarte.
