El sábado pasado, el Gobierno decretó la ampliación del Estado de Emergencia y del aislamiento social obligatorio (cuarentena) hasta finales de junio, con lo cual este periodo tendría una duración de 15 semanas. Sin embargo, se mantuvo el proceso de reanudación gradual de las actividades económicas para empresas formales, el cual había comenzado en los primeros días de mayo, casi siete semanas después del inicio de la cuarentena. Este nuevo decreto adelanta el reinicio de operación de algunos servicios que, en ciertos casos, no estaban incluidos en el plan inicial del Gobierno o se esperaba que reiniciaran actividades más adelante. Dentro de este grupo están las ferreterías, servicios técnicos para el hogar, servicios médicos no relacionados a la atención del COVID-19, servicios de aplicativos móviles para el delivery y actividades deportivas federadas.
Desde la implementación del plan para reanudar las actividades económicas, el viaje hacia el retorno de operación para las empresas está siendo un proceso desordenado, burocrático y lento. De hecho, a 20 días desde la publicación de los primeros protocolos para la reanudación de operaciones, solo un poco más de 2 500 empresas están habilitadas para retomar (o continuar) sus operaciones, menos del 1% del total de negocios formales en el país. En parte, se requiere de una mayor receptividad por parte del Gobierno para incorporar sugerencias de gremios empresariales en los protocolos de operación para evitar la publicación de medidas muy restrictivas para algunas industrias (p.e. para los restaurantes). Asimismo, la información disponible respecto a los ministerios competentes para atender las solicitudes de reanudación de operación de las empresas no ha sido la adecuada. Finalmente, persiste incertidumbre respecto a las fechas de reinicio para algunas industrias —como la de transporte aéreo y terrestre de personas, o para la industria de turismo— lo cual se agrava con la extensión del periodo de cuarentena.
Para agilizar el reinicio de operación para las empresas, el Gobierno ha modificado el proceso para obtener la autorización. El principal cambio es que, en la medida que se vaya habilitando el reinicio de diversas industrias, las empresas formales correspondientes a dichas industrias solo necesitarán registrar sus protocolos de operación en el Ministerio de Salud (Minsa) y ministerio competente para retomar sus actividades. Antes, se requería de la aprobación del Minsa y sector correspondiente para retomar operaciones. Aun así, el Gobierno seguiría estableciendo ciertos “criterios filtro” (criterios de focalización) —como niveles de facturación y número de trabajadores— que impiden que ciertas empresas puedan retomar operaciones.
Un riesgo para las empresas que logren retomar sus operaciones será la mayor presión reguladora y fiscalizadora por parte de diversas instituciones. Si bien el Gobierno busca controlar la imposición de mayores restricciones a la operación de las empresas por parte de los gobiernos regionales y municipalidades, en la práctica esto será un enorme reto. De hecho, ya se han dado casos de municipalidades distritales que imponen medidas puntuales y excesivas. También genera preocupación la discrecionalidad de los fiscalizadores y los procedimientos que se establecerían para que estos ingresen a los centros de trabajo (riesgo de que los fiscalizadores ya estén contagiados con COVID-19).
El Gobierno debe seguir realizando ajustes al proceso de reanudación económica. En esta línea, se podrían adoptar acciones como (1) la incorporación de sugerencias de gremios empresariales en los protocolos de operación, (2) condicionar la reanudación de operación de las empresas al cumplimiento de los lineamientos de salud impuestos por el Minsa y los sectores competentes —en vez de criterios de focalización—, aunque ya el Gobierno está dando pasos importantes hacia esto, y (3) generar un marco legal para evitar la discrecionalidad de los fiscalizadores.
Finalmente, también será clave que el Gobierno, en un contexto en el cual la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha permitido el uso del 100% de la flota formal de transporte público en Lima Metropolitana, adopte medidas urgentes para mitigar la propagación del COVID-19 en el transporte. Para evitar la aglomeración de personas, en especial en horas punta, se podrían modificar de manera excepcional los horarios de entrada y salida en algunos centros laborales (requeriría consensos entre el Ministerio de Trabajo y empresas privadas), o mantener e incentivar el uso de esquemas flexibles para el trabajo desde el hogar. También será clave brindar soporte económico (subsidios) a operadores de transporte público que cumplan con los nuevos requisitos de operación, ya que estarían operando bajo condiciones que hacen financieramente insostenible a la industria.
Si bien el Gobierno continúa avanzando y mejorando con el proceso de reanudación de actividades para el lado formal de la economía, el sector informal empieza a ganar acceso a mayores bienes y servicios para también retomar operaciones. En particular, esto es un gran riesgo para la situación sanitaria del país dado que el sector informal no cumpliría con los nuevos lineamientos de salud, lo que lo convierte en un potencial foco de contagio del COVID-19 que podría ocasionar retrocesos en este gradual proceso de reapertura económica.
En setiembre, la agenda política ha estado marcada por la inseguridad. El jueves pasado, operadores de transporte público en Lima y Callao suspendieron sus actividades en protesta por el creciente problema de la extorsión.
En el tercer trimestre de 2024, la economía mostró una recuperación más pronunciada. Durante el trimestre, una serie de indicadores vinculados a la demanda local registraron un mejor desempeño que en el 1S.
En agosto, el Índice de Confianza del Consumidor de Lima Metropolitana, de IPSOS y APOYO Consultoría, se situó en 43 puntos. Aunque la confianza de los consumidores se mantiene por debajo del nivel optimista, ha registrado un modesto aumento desde la caída en mayo.
